La República Democrática del Congo (RDC) sigue viviendo una de las crisis humanitarias más complejas del mundo con, el récord de población interna desplazada (casi 6 millones de personas), además de 1,2 millones de personas retornadas y alrededor de 500.000 refugiados y demandantes de asilo; así como el récord de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda (27 millones).
Esta situación se ha agravado debido a la guerra en Ucrania y sus consecuencias en la economía global. El 68% del trigo consumido en RDC procede de Rusia y Ucrania, lo que ha producido un tremendo aumento de los precios de los alimentos.
Conflictos armados, luchas étnicas, pugna por el control de los recursos naturales, incidencia de epidemias (sarampión, cólera, SIDA, Ébola, COVID) y de catástrofes naturales (inundaciones, explosiones volcánicas, lluvias torrenciales, etc.) someten a las comunidades a una constante amenaza de violación de sus derechos.
En el vecino Burundi, los conflictos étnicos y políticos se han agravado en los últimos años, lo que ha generado un colapso económico que ha aumentado exponencialmente la pobreza. La zona, sin embargo, está fuera del foco de la comunidad internacional.
Más de 100 grupos armados operan hoy en el Este del Congo, la zona de intervención de Cáritas Española, y se enfrentan con las fuerzas armadas desde hace décadas.
En 2022, se han recrudecido los enfrentamientos entre guerrillas y ejército nacional, motivando nuevos desplazamientos en las 3 provincias del Este, Ituri, Kivu norte y Kivu sur.
Desde 2015 también en Burundi operan grupos armados pro-gubernamentales y anti-gubernamentales lo que, junto con las capacidades débiles de las fuerzas armadas, complica la paz.
Esto produce numerosas violaciones de los derechos humanos de la población civil, tales como arrestos arbitrarios, extorsión, torturas y tratamientos crueles, secuestros y desapariciones, barreras ilegales, violencias sexuales y múltiples formas de violencia contra las mujeres (matrimonio precoz y/o forzado, violencia conyugal, violencia económica, etc.).
Según datos oficiales de Naciones Unidas entre 2019 y el 30 de abril de 2022, el 93 % de los 3.618 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes que padecieron 4.946 personas, se documentaron en zonas de conflicto armado.
Del total, 492 fueron incidentes de violencia sexual, que afectaron a 761 víctimas. Además, los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad fueron responsables de 1.293 casos.
Otros 1.833 casos se atribuyeron a miembros de grupos armados, que en ocasiones actuaron por su cuenta, aunque en otras sometieron a las víctimas a torturas en complicidad con los agentes de las fuerzas de seguridad.
Las mujeres son las más expuestas a los impactos humanitarios, por los prejuicios retrógrados, pero también al tener menos capacidad de decisión sobre su propio destino.
Es fundamental garantizar el derecho a la seguridad, a la integridad física y a la igualdad entre hombres y mujeres y niñas refugiadas en RDC, donde la crisis humanitaria ha dejado 27 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria, de las cuales aproximadamente 7,3 millones están en riesgo de sufrir violencia de género. Entre enero y marzo de 2022 se identificaron 30.010 supervivientes de la violencia de género, de las cuales el 95% eran mujeres.
Para muchas mujeres y niñas ir a trabajar sus parcelas agrícolas es una obligación ineludible, que sin embargo las expone a asaltos, robos y violencias. Dentro del hogar, su capacidad de decisión está limitada por la costumbre y por la normalización de la violencia.
La economía de la mayoría de la población es de subsistencia, informal y agrícola. A la falta de inversión, la presión demográfica, y la alta incidencia de catástrofes naturales se añade la inseguridad, como factor clave de la baja producción.
Dicha inseguridad hace que, por temporadas, las personas abandonen sus campos huyendo de la violencia, sobre todo en la zona Este del país. Por ello, el 75% de la población vive con menos de 1,9 dólares al día.
Las restricciones de movimientos y reuniones, los cierres de fronteras impuestas como consecuencia del COVID y la crisis económica de los países occidentales ha empeorado la situación económica y humanitaria de las poblaciones. En muchas zonas de ambos países los precios de los alimentos se triplicaron durante los momentos de más extremas restricciones.
En muchas zonas de ambos países, los precios de los alimentos se triplicaron durante los momentos de extremas restricciones, aumentando la presión sobre las poblaciones ya fuertemente impactadas por las crisis.
A ello se añade el impacto de la Guerra en Ucrania: el país importa más del 60% de su consumo de trigo de Ucrania y Rusia, lo que ha provocado un fuerte aumento de los precios del grano. Además, el país también ha sufrido el aumento global de los precios de la energía, que repercute en los precios de todos los productos básicos.
Mejorar la auto-protección de las personas y las comunidades ante las violencias y la violación de los derechos humanos, a través de acciones de formación e incidencia.
Mejorar la situación de la población desplazada debido a conflictos y catástrofes naturales, a través de la provisión de ayuda de emergencia –alimentación, enseres, refugio.
Reforzar la seguridad alimentaria y los medios de vida de las familias vulnerables y de acogida de desplazados más vulnerables, para que sigan desempeñando su papel solidario.
Mejorar la respuesta al control de las epidemias (Ébola, sarampión, COVID) mediante la sensibilización a la población sobre medidas de prevención de la transmisión comunitaria.
Mejorar la información sobre situaciones de crisis humanitaria y de vulneración de derechos a través de la denuncia desde la base social de la Iglesia católica
También puedes apoyar la atención a esta emergencia colaborando en las siguientes cuentas:
Caixabank ES27 2100 5731 7102 0029 9272
Santander ES56 0049 6791 7321 1600 1176